El fenómeno de la globalización de las comunicaciones, a través de las redes sociales, ha conseguido que cualquier conducta individual o local se convierta en un instante en un comportamiento difundido a nivel mundial, dando lugar a una acción inmediata de grupos de ideología afín y correlativa reacción de sus contrarios ideológicos produciendo consecuencias de desórdenes públicos, destrucción de bienes y servicios y en último término la pérdida de vidas humanas.
GRUPOS RADICALES VIOLENTOS
Las conductas de grupos radicales violentos que hoy se están dando en todo el mundo y también en España, tienen su origen en el progresivo y deliberado debilitamiento de las instituciones por la llegada a las mismas de líderes políticos sin sentido de Estado, sin más objetivo que alcanzar el poder como meta personal, junto a la infiltración en las mismas de individuos procedentes de esos ámbitos extremistas para destruir el sistema de valores establecido, utilizando las oportunidades que ofrece la democracia representativa para ocupar puestos desde los que subvertir el orden constitucional y destruir las instituciones.
JÓVENES Y VIOLENCIA
Alentar a los radicales a ser cuanto más violentos y destructivos mejor, creando pánico en la población general, para así demostrar que las instituciones están obsoletas y carentes de poder para defender a los ciudadanos y frenar esas acciones contra el sistema establecido, es la política de los dirigentes de esas corrientes ideológicas de destrucción sistemática de todo lo que represente orden y estabilidad. Y para ello no dudan en pescar en el caladero más fácil y dócil, por crédulo e inexperto como es el de los jóvenes más propensos a la violencia y exaltación de las ideas más extremistas e inmaduras, atraídos hacía estas mediante falsedades y proclamas de cambio y libertad que siempre han servido para apuntalar los regímenes políticos más abyectos y violentos y donde la libertad individual y colectiva ha sido cercenada de raíz.
MASAS ENFERVORECIDAS
Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad, como garantes de ese orden y convivencia pacífica, son los principales objetivos a batir y destruir por estos grupos violentos organizados, con enfrentamientos directos para conseguir demostrar que las acciones policiales son impotentes frente a masas enfervorecidas que actúan con impunidad y sin temor a las consecuencias de sus conductas, pues saben que sus líderes, desde sus cargos políticos, les amparan y protegen. Por otra parte, los funcionarios policiales que se enfrentan a tales hechos delictivos, muchos de ellos rozando los límites del terrorismo más desestabilizador, se encuentran con todo tipo de trabas para realizar su trabajo, incluyendo la privación de medios coercitivos para el ejercicio de sus funciones, junto con los condicionantes jurídicos propios de un Estado de Derecho.
GUERRILLA URBANA E INFORMACIÓN
Las fuerzas policiales en sus intervenciones cuentan con unos instrumentos que van más allá de lo que el ciudadano de a pie ve, como el estudio que realizan los grupos de información de los colectivos que se van a concentrar y los elementos individuales más perturbadores y que, en muchas ocasiones, son agitadores profesionales que dirigen y activan la respuesta de los «manifestantes». Sin embargo, la irrupción de las redes sociales en la transmisión de la información y como elemento de comunicación entre los componentes de los colectivos violentos, ha venido a socavar la acción policial, por cuanto la actividad de esos grupos adopta rasgos de guerrilla urbana, con conexiones con los modus operandi del terrorismo, y con el añadido de la inmediatez en la transmisión de consignas y cambio de localizaciones, para así dividir y debilitar la acción de las fuerzas del orden.
MODUS OPERANDI ORGANIZADOS
En el momento presente, los grupos violentos, nada tienen de espontáneos, bien al contrario, tanto su movilización como su modus operandi, están perfectamente organizados y su actuación aleccionada por sus cabecillas que organizan «campus» de entrenamiento para contrarrestar las acciones policiales contra ellos. Y todo ello financiado y sostenido por un bien engrasado conjunto de grupos camuflados como «ONG’s», que existen y se nutren de fondos públicos de instituciones nacionales e internacionales, y que desgraciadamente escapan al control y fiscalización de los organismos que deberían investigar el destino de los fondos que perciben.
USOS TECNOLÓGICOS
Por otra parte, adviértase la paradoja que se produce en todo este conglomerado de situaciones de revueltas callejeras: los activistas se definen como anticapitalistas y antisistema, pero utilizan la tecnología que las grandes multinacionales capitalistas han desarrollado para desplegar sus acciones violentas; propugnan, idealmente, la vuelta a lo natural y la destrucción de los avances tecnológicos y al mismo tiempo se benefician de ellos, de tal forma que sus actividades no las podrían llevar a cabo si no dispusieran de esas redes de comunicación y los aparatos necesarios para aprovechar sus ventajas.
CAMINO DEL CAOS
Por último, otro de los mecanismos que los líderes e ideólogos de esos movimientos violentos y destructivos utilizan son los resquicios y vacíos que la legislación presenta, pues la ley no puede prever todo, ya que la realidad es inabarcable y tan sólo se somete a regulación aquellos aspectos que requieren un específico tratamiento normativo, dejando el resto a los principios generales del derecho. Pues bien, los activistas e ideólogos de esas corrientes de pensamiento, van forzando las costuras del sistema legal con la finalidad de obtener réditos electorales y políticos para así, conseguir mayores cuotas de poder y, desde dentro, destruir el sistema político y legal que la mayoría se ha dado, pues son conscientes de que ellos no son la mayoría, pero pueden doblegar, poco a poco, a esa mayoría con una combinación de miedo, mentiras y caos…. y eso es lo que están intentando. De todos depende que no lo consigan.
(*) Lucio Toval Martín es doctor en Derecho y profesor de Investigación Criminal en varios institutos universitarios de la UNED. Miembro del Comité Científico de la Sociedad Científica Española de Criminología, fue profesor de Derecho Constitucional en la Academia de Policía Nacional